Lo que se pacta en el divorcio no se ejecuta hasta que alguien lo aprueba

En los divorcios de mutuo acuerdo hay un momento que casi nadie identifica bien: el momento en que lo hablado pasa a ser exigible.

No es cuando se dan la mano. No es cuando se firma el borrador.

En España, los acuerdos pueden hacerse efectivos por la vía de apremio desde la aprobación del convenio o desde el otorgamiento de la escritura pública. Antes de eso, no.

España: tres estados distintos del mismo papel

La doctrina distingue tres situaciones, y conviene tenerlas claras.

El convenio en abstracto es un negocio jurídico de Derecho de Familia. Un acuerdo entre dos personas.

El convenio aprobado judicialmente o formalizado ante notario queda integrado en la resolución judicial o incorporado a la escritura, con toda la eficacia procesal que eso conlleva.

El convenio que no llegó a aprobarse ni a incorporarse tiene la eficacia de cualquier negocio jurídico. Vincula a las partes como contrato, pero no se ejecuta como una sentencia.

El artículo 90.2 del Código Civil marca el punto exacto: los acuerdos podrán hacerse efectivos por la vía de apremio desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública.

Dicho de otro modo: hasta ese día, si la otra parte incumple, no hay ejecución directa. Hay que demandar.

Quién aprueba, y cuándo cambia

Sin hijos menores ni personas con medidas de apoyo, cabe la vía notarial — el llamado divorcio exprés. El notario revisa el convenio y puede negarse a autorizarlo si aprecia que las medidas son gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Si lo hace, el expediente se cierra y hay que ir al juzgado.

Con hijos menores no cabe la vía notarial. El convenio lo aprueba el juez, y el Ministerio Fiscal interviene siempre para valorar si protege el interés de los menores. El juez aprueba salvo que los acuerdos sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

El contenido mínimo lo fija el artículo 90 CC, y el procedimiento judicial de mutuo acuerdo, el artículo 777 de la LEC.

Hispanoamérica: la misma lógica, distintos nombres

El patrón se repite en la región: un convenio que las partes redactan y una autoridad que lo homologa. Sin esa homologación, lo pactado no se ejecuta como resolución.

Argentina. Desde la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 no hay que probar culpa. Presentar un convenio regulador es obligatorio, y debe abordar distribución de bienes, responsabilidad parental, cuotas alimentarias, uso de la vivienda y eventuales compensaciones económicas. Con un detalle importante: si no hay acuerdo, el divorcio se decreta igualmente y las cuestiones no resueltas se tramitan en un proceso contencioso posterior. El vínculo se disuelve; el dinero queda abierto.

Chile. El divorcio de mutuo acuerdo se tramita ante el Tribunal de Familia con un acuerdo que regule alimentos, cuidado personal y relación directa y regular cuando hay hijos, además de las materias patrimoniales y la compensación económica. La liquidación de la sociedad conyugal puede incluirse o dejarse para después, por escritura pública o juicio posterior. La pensión es modificable judicialmente si cambian las circunstancias.

México. La regulación es estatal, y el convenio en el divorcio por mutuo consentimiento es la pieza central. La Suprema Corte ha señalado que estos acuerdos son sui géneris y no se rigen por las reglas de los convenios en general: su modificación no queda a la discrecionalidad de quien la solicita, sino que debe atender al contexto de ambas partes y armonizarse con las reglas de proporcionalidad alimentaria.

No cubrimos aquí Colombia, Perú, Ecuador ni el resto de la región: la regulación varía y preferimos no escribir lo que no hemos verificado. Si tu país no aparece, la pregunta que hay que hacer es siempre la misma — quién homologa el acuerdo y desde qué momento se puede ejecutar.

Lo que se habla y no llega al convenio

Durante la negociación se dicen cosas así.

“Quédate la casa, yo no reclamo compensación.” “Las extraescolares las pago yo aparte.” “Empezamos con esta pensión y la subo cuando mejore.” “El coche queda a mi nombre pero es tuyo.” “Lo que pusieron tus padres no lo toco.”

Cada una de estas frases es exigible si entra en el convenio aprobado, y no lo es si se queda fuera. Y cuando se discute más tarde, le toca acreditarla a quien la invoca.

La vía segura es escribirlo. Que entre en el convenio, y que el convenio se apruebe. Y después de cada conversación, un mensaje — entiendo que lo acordado esta mañana es… — porque una respuesta ya es un registro.

Lo difícil es hacerlo en el momento. Son conversaciones con carga emocional, y mientras ocurren no sabes qué frase va a pesar después.

Cómo conservar esa parte

TalkSafe cubre ese hueco. Fijas unas palabras de antemano y la grabación arranca al escuchar una de ellas — con la pantalla bloqueada, sin sacar el móvil delante de la persona con la que estás negociando. Palabras como pensión, convenio, vivienda, custodia o compensación aparecerán sí o sí en esa conversación.

Como también se guardan los 30 segundos anteriores, una frase que registraste un instante tarde sigue al principio del archivo.

Después escribes el mensaje sabiendo qué poner. Lo que vincula es lo escrito; la grabación sirve para escribirlo con precisión.

La línea que no hay que cruzar

La búsqueda más frecuente antes de un divorcio es cómo conseguir pruebas, y aquí hay un límite claro.

Grabar una conversación en la que participas es lícito en España y en buena parte de Hispanoamérica, aunque con matices que cambian según el país — está desglosado en el repaso país por país y, para España, en este artículo.

Grabar conversaciones en las que no estás es otra cosa. Instalar una grabadora en el móvil de tu pareja, dejar un dispositivo en su coche, esconder un aparato en una habitación de la que sales: lo que se capta así son conversaciones ajenas. Eso es delito en todos los países de esta página, la prueba se excluye, y además contamina la credibilidad de todo lo demás que aportes.

Que la otra persona se entere o no es irrelevante. La infracción se consuma al captar.

Sobre qué hacer con el archivo después hay una guía aparte, y en asuntos de familia una regla importa más que ninguna: una grabación se aporta a un procedimiento, no se enseña a la familia.

En corto

El divorcio y el dinero son dos cosas. Lo pactado no se ejecuta hasta que alguien lo homologa.

Averigua quién homologa en tu país y desde qué momento. Ese es el dato que decide todo lo demás.

Pasa a papel lo que se dijo de palabra. Reduce lo que hay que discutir.

Y graba solo las salas en las que estás. Pasada esa línea, deja de ser prueba y pasa a ser un problema tuyo.

Información general, no asesoramiento jurídico. El derecho de familia varía por país y, en México y otros Estados federales, por entidad. Para un caso concreto, consulta con un abogado de familia de tu país.